COVID-19 SU TRATAMIENTO COMO RIESGO DEL TRABAJO

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Por Sergio Capozzi

    Considerando las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN ARGENTINA, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procedió, el 20 de marzo,  a la elaboración y difusión del documento llamado “SARS-CoV-2 RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN ÁMBITOS LABORALES” aprobado mediante RESOLUCIÓN-2020-29-APN-SRT. Esta resolución, con posterioridad a la publicación del decreto 367/20, que se transcribe, emitió las resoluciones 38, 39 y 40, que también se transcriben en su parte resolutiva.

    La primera de ellas, entre sus aspectos más destacados, señala que en este marco la exposición de trabajadores de aquellas actividades declaradas como exceptuadas por el Decreto 297/20 están plenamente alcanzadas por La Ley N° 19587 y sus Decretos y Normas Reglamentarias, que establecen entre otros aspectos la obligación de parte de los empleadores a la entrega y reposición de Elementos de Protección Personal, concretamente en el Artículo 8 dispone que todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, para, a continuación realizar un listado enunciativo, el cual va modificándose conforme las actividades .

    Por su parte, el Decreto N° 351/79, Reglamentario de aquella  para la industria en general, establece en su 

Artículo 190.- Los equipos y elementos de protección personal, deberán ser proporcionados a los trabajadores y utilizados por éstos, mientras se agotan todas las instancias científicas y técnicas tendientes a la aislación o eliminación de los riesgos. Y agrega a través del Artículo 202 que Los trabajadores expuestos a sustancias tóxicas, irritantes o infectantes, estarán provistos de ropas de trabajo y elementos de protección personal adecuadas al riesgo a prevenir.

    La Superintendencia de Riesgos del Trabajo ha hecho circular una serie de recomendaciones que ha denominado BUENAS PRÁCTICAS EN LA SELECCIÓN Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, identificándolos como aquellos elementos de uso personal e individual, que conforman una barrera física entre el agente de riesgo, en este caso el virus alojado en superficies o presente en el aire y el trabajador

    Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto.

    La Resolución S.R.T. N° 22 de fecha 17 de marzo de 2020, que dispuso la creación del Comité de Crisis de la S.R.T. Que en el ámbito del citado Comité de Crisis, se entendió necesario informar a los actores involucrados en el sistema de riesgos del trabajo, las medidas de prevención conducentes para contribuir a los fines establecidos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en relación con el coronavirus COVID-19, en concordancia con los objetivos establecidos en la Ley N° 24.557. Que en consecuencia, se dictó la Resolución S.R.T. Nº 29 de fecha 21 de marzo de 2020, mediante la cual se impuso la obligación a los empleadores de exibir en sus establecimientos el modelo digital de afiche informativo sobre medidas de prevención específicas acerca del Coronavirus COVID-19, provisto por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.).

    Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso en forma temporaria el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” con el fin de proteger la salud pública. En el artículo 2º del referido cuerpo normativo se prevé que durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las personas deberán permanecer en sus residencias y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos. No obstante, en el artículo 6º se prevé que las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en el contexto de referida situación de emergencia, podrán desplazarse y concurrir a los lugares de prestación de servicio. En ese marco, considerando que en todos los casos de excepción previstos en el citado decreto, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad tendientes a preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.

    Es por ello que en fecha 27 de marzo la SRT emite una Disposición que, con sus anexos, establece una serie de recomendaciones que los empleadores y trabajadores deben seguir tanto en su desplazamiento desde el domicilio hasta el lugar de trabajo y viceversa, como los elementos personales y medidas de prevención a tomar, todo referente a los trabajadores que por Decreto han sido eximidos del aislamiento social.

Así las cosas, podríamos afirmar que hay dos tipos de trabajadores, quienes no realizan tareas que el Ejecutivo Nacional ha considerado esenciales y los otros, tales como empleados de la salud, transporte de bienes y personas, medios de comunicación, seguridad, generación y distribución de energía, siendo esta una enumeración susceptible de modificaciones.

    Es importante tener en cuenta, como ya señalamos, que ha sido el Poder Ejecutivo Nacional quien ha establecido cuáles son los trabajadores que, mientras dure el aislamiento social, deben cumplir sus tareas habituales, aunque con excepciones, por ejemplo aquellos que se encuentran dentro del grupo considerados de mayor riesgo, personas mayores de 60 años o que padezcan enfermedades respiratorias, diabetes, hipertensión, están exentos de prestar tareas en su lugar habitual de trabajo. Consecuentemente ha establecido una presunción o nexo de causalidad pues, esos trabajadores que sí deben realizar sus tareas en forma habitual, ya están expuestos al agente de riesgo.

             La ley que regula el sistema de riesgos del trabajo, 24.557, en su artículo 6to. realiza una clara diferenciación entre accidentes y enfermedades. Define a los primeros como a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, legislación posterior introdujo el “regreso” y también se establecen una serie de variantes, asistencia a un familiar enfermo, ir a otro empleo. Mientras que con relación a las enfermedades estable que se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento que establece la misma ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional.

             El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido considerar al infortunio vinculado con el Covid-19 enfermedad profesional no listada, cuando es un interesante debate determinar si es en efecto una enfermedad o un accidente, pues el contagio es súbito y no el resultado de un proceso lento y degenerativo, y este no es un tema menor pues entra en juego la teoría de la indiferencia de la concausa y las preexistencias.    

             Las enfermedades no incluidas en el listado, como sus consecuencias, no serán consideradas resarcibles pero,  serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo.

              A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley sobre riesgos, antes de su entrada en vigencia, el Poder Ejecutivo, mediante los decretos 658 y 659 del año ’96, estableció  a través de un listado cuáles serían consideradas enfermedades profesional y, determinada la relación o nexo causal con las tareas a las que está expuesto el trabajador, un baremo a efectos de establecer el grado de incapacidad.  Tiempo más tarde se dejó sin efecto es cuerpo cerrado y excluyente para, como se señala anteriormente, considerar como resarcibles aquellas dolencias que considere como profesionales la Comisión Médica Central.

            Otro punto que se da por superado es si se podría esgrimir que se trata de casos de fuerza mayor? La Ley sobre Riesgos del Trabajo, en su artículo 6° inc. 3, apartado a) excluye de cobertura a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por fuerza mayor extraña al trabajo.

    Yendo al punto concreto del decreto 367/20 y las resoluciones 38, 39 y 40/20 de la S.R.T. A nuestro entender tienen fortalezas y debilidades.

    Entre las fortalezas, el considerar que el contagio del coronavirus Covid-19 que las actividades exceptuadas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio es un infortunio del trabajo. Primera observación, el término “presuntivamente” es un contra sentido, es enfermedad profesional o no lo es. Entonces nos preguntamos cual es la idea del PEN? Que se brinden las prestaciones y luego recurrir ante la Comisión Médica para que se expida al respecto. No compartimos la idea, si se encuentra el factor de riesgo, las circunstancias de trabajo y la incapacidad sobreviniente, no hay discusión.

    La ausencia del tratamiento de los accidentes in itinere no parece un error. El PEN nos informa y recomienda evitar el transporte público, incluso se ha limitado severamente la cantidad de pasajeros que pueden ser transportados. 

    La intervención de la Comisión Médica Central con competencia originaria nos parece muy mala solución por cuanto contradice doctrina y jurisprudencia. Sacar al trabajador de sus jueces naturales ha sido reiteradamente considerado inconstitucional, lo mismo aplica para las Comisiones Médicas Jurisduccionales.

    La Aplicación de las eventuales prestaciones dinerarias o en especie que deben hacer las A.R.T. a un fondo específico, es una solución adecuada dado que la ecuación magnitud-frecuencia se ve alterado y por tanto es de esperar que, las aseguradoras no estén en condiciones de afrontar esos costos, máxime cuando no han percibido prima por ese riesgo. Lo que no se entiende es el por qué del plazo tan exiguo, solamente sesenta días.

     Es nuestra opinión que se hace necesario trabajar este tema con el Estado Nacional, la ecuación técnica-económica-jurídica se verá seriamente afectada, las aseguradoras podrían no estar en condiciones de afrontar ciento de miles de infortunios, tanto en prestaciones en especie como dinerarias, además será sumamente limitada la tarea de prevención, centro y razón de ser de la ley sobre riesgos del trabajo. ¿Habrá que brindarle cobertura a los trabajadores expuestos? Entendemos que sí, que la fuerza mayor no será considerada ajena al trabajo. 

    Si analizamos las resoluciones 38,39 y 40/20 de la S.R.T. observamos que hay un exceso de requisitos e incluso contradicciones en el momento de establecer la forma de las denuncias y tratamiento de las mismas, así como los informes y requisitos que se les exige a los trabajadores que presuntamente han contraído la dolencia para dar curso al reclamo. A modo de ejemplo podemos citar el tema de los test y medidas preventivas que se le exigen a los empleadores y que sin lugar a duda no serán plenamente cumplidas. Lo mismo cuando se le dispone que el curso definitivo del reclamo quedaría en manos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, burocráticamente la solución sería tardía e ineficaz, aparte solo aplicable a CABA y no al resto del país.

    La ART no puede rechazar la cobertura denunciada por el trabajador “esencial” y debe otorgarle las prestaciones dinerarias y en especie, una vez presentado el certificado que acredite su condición infectado por el Covid-19, sin embargo no se trata de una aceptación definitiva, pues el trabajador deberá presentarse (con patrocinio letrado) ante la Comisión Médica Central que determinará el carácter definitivo la enfermedad Covid 19 como patología, presentando la denuncia mediante un escrito donde debe describir las circunstancias fácticas que se acrediten las tareas y el fundamento de la relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad Covid-19 con las actividades desarrolladas en su empleo. Debe acompañar la historia clínica y la constancia de alta médica otorgada por la ART.

    La prueba de relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo” que enuncia el decreto en el párr. 1º de su art. 3º y reitera el artículo 3° cabe interpretarlo en realidad a la prueba de la exposición del trabajador al riesgo biológico del coronavirus SARSCoV-2, en su medio ambiente laboral o en ocasión de sus tareas. No puede exigírsele la prueba diabólica acerca del momento y el momento preciso en el la cual virus ingresa a su organismo.

    El trabajador hará una presentación electrónica con la documentación pertinente, en caso de ser necesario podrá rectificar los errores dentro de los días posteriores en comisión médica Local, y la ART deberá responder dentro del plazo de cinco días hábiles.

    El silencio por parte de la A.R.T. o el E.A. considera como aceptada la enfermedad. Posteriormente, la causa pasa a la CMC a fin de acreditarse la relación de causalidad invocada entre la enfermedad denunciada y la ejecución del trabajo en el contexto de dispensa del ASPO. En el mismo plazo podrá requerir a través de la ventanilla electrónica la revocación del Dictamen de la CMC por existir contradicción sustancial entre su fundamentación y conclusiones u haber omitido en resolver algunas de las peticiones formuladas.

    Se puede observar rápidamente se hay un “bloqueo” burocrático que puede derivar en alta litigiosidad.


DECRETO 367/20

consideraciones….

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRETA: 

ARTÍCULO 1º.- La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales prórrogas, salvo el supuesto previsto en el artículo 4° del presente decreto. 

(El proyecto original consideraba al COVID 19 enfermedad profesional “iure et de iure”, lo cual podría llegar a generar conflictos posteriores dado que al no admitirse prueba en contrario y visto que el vínculo agente de riesgo y tareas no es “universal” sino que solo alcanza a aquellas actividades con dispensa y declaradas esenciales, estimamos que el término “presuntivamente” es correcto.)

(Otro punto que seguramente dará mucho que hablar es la limitación temporal, pero a nuestro entender también es acertado dado que la inclusión o cobertura que se le brinda a los trabajadores es excepcional, una vez desaparecido el asilamiento social, cualquier trabajador estará expuesto.)

ARTÍCULO 2º.- Las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) no podrán rechazar la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1º del presente y deberán adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias. 

(El contenido de este artículo modifica o excluye la posibilidad con que cuentan las A.R.T. para que dentro del plazo fijado en el artículo 6to. del Decreto 717/96 procedan a rechazar el infortunio.)

ARTÍCULO 3º.- La determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada patología quedará, en cada caso, a cargo de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) establecida en el artículo 51 de la Ley Nº 24.241, la que entenderá originariamente a efectos de confirmar la presunción atribuida en el artículo 1° del presente y procederá a establecer, con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento especiales que se dicten por vía reglamentaria del presente decreto, la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos especificados en el artículo 1°. La referida COMISIÓN MÉDICA CENTRAL podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el referido contexto, y en un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas en el marco referido en el artículo 1° del presente. 

(Este artículo deberá ser complementado con una prolija y amplia reglamentación pues, prima facie puede haber una contradicción con lo regulado en el artículo anterior. ¿Si no existe la posibilidad de rechazar el infortunio, en qué casos se podrá recurrir ante la Comisión Médica Central? Debemos entender que una vez recibida la denuncia, la ART debe brindar las prestaciones, en el decreto no se discrimina entre prestaciones en especie o dinerarias, y entonces la única posibilidad que se nos ocurre es brindar y luego cuestionar si estamos en presencia de un infortunio. Además, es discutible “la relación de causalidad”, cuando se refiere  a “actividades en el referido contexto” y habla de establecimientos, cercanía y posible contacto”. Han dejando sin contemplar los contagios in itinere, podría llegar a ser el transporte público el lugar más expuesto. El otro punto cuestionable y que podría dar lugar a conflicto, judiciable, es la competencia originaria de la Comisión Médica Central y no las jurisdiccionales. Podríamos llegar a ver un desborde la CMC y a la vez que el trabajador considere que lo están obligando a interponer un recurso en la Ciudad de Buenos Aires, modificando lo dispuesto en la ley 27.348.)

ARTÍCULO 4º.- En los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud se considerará que la enfermedad COVID19, producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Esta presunción y la prevista en el artículo 1° del presente rigen, para este sector de trabajadores y trabajadoras, hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada en el Decreto 260/20, y sus eventuales prórrogas. 

(Es entendible que los trabajadores de la Salud reciban un tratamiento especial pues la relación de causalidad se debe presumir, salvo prueba en contrario que obviamente estará a cargo de la ART.)

ARTÍCULO 5°.- Hasta SESENTA (60) días después de finalizado el plazo de aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por los Decretos Nros. 297/20, 325/20 y 355/20, el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1º del presente decreto será imputado en un CIENTO POR CIENTO (100%) al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. Las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto, emanadas de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) o de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.), en el marco de sus respectivas competencias, establecerán las condiciones y modalidades requeridas a los efectos del reintegro por parte del FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES de erogaciones efectuadas en cumplimiento de lo prescripto precedentemente y garantizarán el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los recursos de este último, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro. 

(El plazo de 60 días no parece razonable pues, de hecho se puede extender mucho más allá de ese plazo el suministro de prestaciones en especie y eventualmente la dinerarias.)

ARTÍCULO 6º.- Facúltase a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) a dictar las normas relativas al procedimiento de actuación ante la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) y a dictar todas las medidas reglamentarias, complementarias y aclaratorias que sean necesarias en el marco de sus competencias. 

ARTÍCULO 7º.- Las disposiciones de este decreto se aplicarán a aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020. 

ARTÍCULO 8°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. ARTÍCULO 9°.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Resolución 38/2020 S.RT.

CAPÍTULO I

DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONTINGENCIA CORONAVIRUS COVID-19

ARTÍCULO 1º.- Denuncia de la contingencia.

Establécese que en los supuestos de denuncia de una enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 en los términos de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) Nº 367 de fecha 13 de abril de 2020, los/las trabajadores/as damnificados/as o sus derechohabientes deberán acreditar ante la ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) o el EMPLEADOR AUTOASEGURADO (E.A.) los siguientes requisitos de carácter formal:

1. Estudio de diagnóstico de entidad sanitaria incluida en el REGISTRO FEDERAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (R.E.F.E.S.) creado por la Resolución del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (M.S.N.) Nº 1.070 de fecha 26 de junio de 2009, con resultado positivo por coronavirus COVID-19, debidamente firmado por profesional identificado y habilitado por la matrícula correspondiente (según artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20).

2. Descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas así como las jornadas trabajadas durante la dispensa del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y normas complementarias (según artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20).

3. Constancia de dispensa otorgada por el empleador en los términos del artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 y normas complementarias, emitida con arreglo a las reglamentaciones vigentes, dictadas por la autoridad competente, a los efectos de la certificación de afectación laboral al desempeño de actividades y servicios declarados esenciales (según artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20), y donde conste:

a) Nombre o denominación del empleador, Nº de C.U.I.T. y demás datos que permitan su adecuada identificación;

b) Nombre y Apellido, y Nº de D.N.I. del/a trabajador/a.

ARTÍCULO 2º.- Admisibilidad formal de la denuncia.

Las controversias que pudieran suscitarse respecto del cumplimiento de los requisitos formales de la denuncia previstos en el artículo 1º de la presente resolución deberán resolverse con intervención de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), a cuyos fines el/la trabajador/a su representante podrá llevar a cabo la presentación correspondiente ante el DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y GESTIÓN DE RECLAMOS del Organismo, con arreglo al principio general de informalismo consagrado en el artículo 1° de la Ley N° 19.549.

Las presentaciones efectuadas serán resueltas dentro de un plazo máximo, improrrogable y perentorio de CUARENTA Y OCHO (48) horas, mediante la opinión técnica vinculante de la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS de esta S.R.T., que, en caso de silencio, implicará la admisibilidad de la correspondiente denuncia.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN MÉDICA CENTRAL PARA LA DETERMINACIÓN DEFINITIVA DEL CÁRACTER PROFESIONAL DE LA CONTINGENCIA

ARTÍCULO 3º.- Presentación.

Cesada la Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.) y verificada la denuncia de la contingencia en el REGISTRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado por la Resolución S.R.T. N° 840 de fecha 22 de abril de 2005, el trámite para la determinación definitiva del carácter profesional de la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 deberá ser iniciado por el/la trabajador/a, sus derechohabientes o su apoderado/a, a través de la Mesa de Entradas de la COMISIÓN MÉDICA JURISDICCIONAL (C.M.J.) correspondiente al domicilio del trabajador/a o mediante la Mesa de Entradas Virtual que se habilitará al efecto en conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la presente resolución, debiendo acompañar:

1. Escrito de presentación con correspondiente patrocinio letrado, que deberá contener:

a) Descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas así como las jornadas trabajadas durante la dispensa del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y normas complementarias (según artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/2020);

b) El fundamento de la relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada COVID-19, con el trabajo efectuado en el contexto de dispensa al deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio;

2. D.N.I. del/a trabajador/a (copia o escaneado de anverso y reverso);

3. D.N.I. y Matrícula del/a abogado/a patrocinante (copia o escaneado de anverso y reverso);

4. Historia Clínica de la enfermedad COVID-19, para el supuesto de haber recibido tratamiento médico asistencial a través de Obra Social o en prestadores públicos o privados;

5. Constancia de Alta Médica otorgada por la A.R.T. o el E.A. de conformidad con lo dispuesto por la Resolución S.R.T. Nº 1.838 de fecha 01 de agosto de 2014 y complementarias;

6. Toda otra documentación de la que intente valerse a efectos de acreditar la invocada relación de causalidad.

ARTÍCULO 4º.- Traslado.

De la presentación efectuada, se correrá traslado mediante Ventanilla Electrónica por el plazo de CINCO (5) días hábiles. En su contestación, la A.R.T o el E.A. deberá acompañar el Informe del Caso correspondiente, el que deberá contener en todos los casos:

1. Denuncia de la contingencia en los términos del artículo 1º de la presente resolución;

2. Estudio de diagnóstico emitido por entidad sanitaria autorizada con resultado positivo por coronavirus COVID-19;

3. Constancia de dispensa expresa otorgada por el empleador;

4. Historia Clínica de la contingencia en donde conste atención médico asistencial que hubiera sido brindada por parte de la A.R.T. o el E.A.;

5. Informe de análisis del puesto de trabajo por el Área de Prevención de la A.R.T. o el E.A. y en donde conste profesional interviniente, título habilitante y matrícula. Dicho informe reviste carácter meramente potestativo en razón de lo cual en caso de no ser presentado se considerará no controvertido lo manifestado tanto en el artículo 1°, apartado 2 como en el artículo 3°, apartado 1, inciso a) de la presente;

6. Toda otra documentación de la que intente valerse a los efectos de desvirtuar las presunciones previstas en los artículos 1°, 3º y 4º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, cuando ello así lo amerite.

El silencio por parte de la A.R.T. o el E.A. habilitarán la prosecución de las actuaciones.

ARTÍCULO 5º.- Intervención de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.).

Cumplido el traslado, luego de vencido el plazo previsto en el artículo 4° de la presente resolución, se deberán elevar las actuaciones a la Comisión Médica Central (C.M.C.) para someter a su potestad jurisdiccional de naturaleza originaria la determinación de la relación de causalidad invocada entre la enfermedad denunciada y la ejecución del trabajo en el contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Ante el diagnóstico confirmado de coronavirus COVID-19 como presupuesto necesario de la cobertura prevista en los artículos 1º y 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, se prescindirá de la audiencia médica de examen físico.

La Comisión Médica Central (C.M.C.) podrá ordenar medidas para mejor proveer cuando los antecedentes no fueran suficientes para emitir resolución. Para ello, podrá disponer la prórroga de los plazos para emitir Dictamen por el término de QUINCE (15) días.

ARTÍCULO 6º.- Dictamen de la Comisión Médica Central (C.M.C.).

La Comisión Médica Central (C.M.C.) deberá proceder a la emisión del Dictamen correspondiente dentro de los TREINTA (30) días de elevadas las actuaciones a su consideración, expidiéndose sobre el carácter profesional de la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2.

El aludido Dictamen deberá estar fundamentado con estricto rigor científico y apego a la normativa vigente, contando con la previa intervención del/a Secretario/a Técnico/a Letrado/a, quien se expedirá sobre la legalidad del procedimiento en el marco de sus competencias así como respecto de la relación de causalidad invocada entre el agente de riesgo coronavirus SARS-CoV-2 y la tarea desarrollada por el/la trabajador/a.

ARTÍCULO 7º.- Recursos administrativos.

Dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos contados desde la notificación del Dictamen de la Comisión Médica Central (C.M.C.) las partes podrán solicitar mediante presentación por Ventanilla Electrónica, la rectificación de errores materiales o formales, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto administrativo observado.

En idéntico plazo se podrá requerir a través de la Ventanilla Electrónica la revocación del Dictamen por existir contradicción sustancial entre su fundamentación y conclusión u omisión en resolver alguna de las peticiones o cuestiones planteadas.

Los recursos interpuestos deberán ser resueltos por la Comisión Médica Central (C.M.C.) dentro de los TRES (3) días de presentados y notificados a todas las partes. La interposición de los recursos indicados no interrumpe el plazo para oponer el Recurso de Apelación previsto en el artículo 8° de la presente.

ARTÍCULO 8º.- Recurso de Apelación.

El decisorio de la Comisión Médica Central (C.M.C.) emitido en ejercicio de la competencia originaria conferida por el artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, será recurrible en los términos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley N° 24.557 y el artículo 2° de la Ley N° 27.348, mediante recurso directo, por cualquiera de las partes, ante los tribunales de alzada del fuero laboral de la jurisdicción correspondiente o, de no existir éstos, ante los tribunales de instancia única que resulten competentes. El recurso deberá interponerse dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos cumpliendo con las exigencias formales dispuestas a tales efectos en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 9º.- Patrocinio Letrado Obligatorio.

El/la trabajador/a o sus derechohabientes deberán contar con patrocinio letrado desde su primera presentación y durante todo el procedimiento aprobado por el Capítulo II de la presente resolución.

El/la abogado/a designado/a deberá acreditar matrícula profesional vigente, extendida para el ámbito de la jurisdicción territorial correspondiente a la Comisión Médica Jurisdiccional (C.M.J.) en que se dio inicio a las actuaciones o en la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES -sede de la Comisión Médica Central-, o bien matrícula federal.

Serán aplicables al patrocinio letrado obligatorio a los efectos del presente procedimiento las disposiciones previstas en el Título I, Capítulo IV de la Resolución S.R.T. Nº 298 de fecha 23 de febrero de 2017.

ARTÍCULO 10.- Domicilios constituidos y notificaciones.

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución S.R.T. Nº 22 de fecha 26 de noviembre de 2018, y a los efectos de las notificaciones en el marco del presente procedimiento mediante “e-Servicios S.R.T. - Sistema de Ventanilla Electrónica”, el/la trabajador/a o sus derechohabientes deberán constituir domicilio electrónico por medio de su abogado/a patrocinante.

Las A.R.T., los E.A. y los empleadores serán notificados mediante “e-Servicios S.R.T. - Sistema de Ventanilla Electrónica” en los términos de las Resoluciones S.R.T. Nº 635 de fecha 23 de junio de 2008 y Nº 365 de fecha 16 de abril de 2009.

Todas las notificaciones que se cursen a las partes mediante Ventanilla Electrónica conforme lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por fehacientes y legalmente válidas.

Asimismo, en previsión del excepcional supuesto de que por dificultades de índole técnica hubiera imposibilidad de utilizar la Ventanilla Electrónica, el/la trabajador/a damnificado/a o sus derechohabientes, junto con su letrado/a patrocinante deberán en su primera presentación constituir también un domicilio postal, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que efectúe la Comisión Médica Central.

ARTÍCULO 11.- Plazos.

A los fines de la presente resolución, salvo disposición expresa en contrario, los plazos deberán computarse en días hábiles administrativos y a partir del día siguiente al de la correspondiente notificación.

ARTÍCULO 12.- Aplicación particular.

El procedimiento especial establecido en la presente resolución para el trámite administrativo previsto en los artículos 3° y 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, será de aplicación excluyente de los procedimientos previstos en las normas que regulen otros trámites ante las Comisiones Médicas.

En razón de lo dispuesto en el párrafo precedente y con tales limitados y precisos alcances, resultarán inaplicables al procedimiento regulado por la presente resolución todos los preceptos que se le opongan, establecidos en otras normas, así como en el Decreto N° 717 de fecha 28 de junio de 1996, con las reformas introducidas por el Decreto N° 1.475 de fecha 29 de julio de 2015, y las Resoluciones S.R.T. N° 179 de fecha 21 de enero de 2015 y Nº 298/17

CAPÍTULO III

DE LA IMPUTACIÓN AL FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

ARTÍCULO 13.- Prestaciones en especie y dinerarias en concepto de Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.).

En función de las presunciones impuestas por los artículos 1º, 3° y 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, sin necesidad de la intervención de la Comisión Médica Central, la A.R.T. estará habilitada a imputar al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (F.F.E.P.) creado por el artículo 1º del Decreto Nº 590 de fecha 30 de junio de 1997, sustituido por el artículo 13 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.278 de fecha 28 de diciembre de 2000, el costo de otorgamiento de las prestaciones en especie y las prestaciones dinerarias en concepto de I.L.T. respecto de la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 en los términos previstos por el artículo 1° del aludido Decreto de Necesidad y Urgencia.

ARTÍCULO 14.- Prestaciones dinerarias en concepto de Incapacidad Laboral Permanente (I.L.P.) y fallecimiento.

A efectos de llevar a cabo la imputación al F.F.E.P. de la prestación dineraria en concepto de I.L.P. y fallecimiento respecto de la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2, en los términos de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, se requerirá la determinación definitiva del carácter profesional de la contingencia, en cumplimiento del procedimiento especial dispuesto por el Capítulo II de la presente resolución, así como también la determinación de la I.L.P. por parte de la instancia competente.

ARTÍCULO 15.- Denuncias de imputaciones.

Las imputaciones que se pretenda efectuar respecto del F.F.E.P. en lo referente a las contingencias previstas en el artículo 1º, 3° y 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20 deberán ser denunciadas al REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado por la Resolución S.R.T. Nº 246 de fecha 7 de marzo de 2012, con arreglo a dicha reglamentación o la que en un futuro la reemplace o complemente.

CAPÍTULO IV

DE LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS

ARTÍCULO 16.- Procedimientos para la denuncia e imputación al F.F.E.P..

Facúltase a la GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL de esta S.R.T. a dictar las normas reglamentarias correspondientes a efectos de regular los procedimientos para el tratamiento y registración de las denuncias de las contingencias previstas en el artículo 1º de la presente resolución, así como también los mecanismos idóneos a los fines de las imputaciones al F.F.E.P. de dichas contingencias, diseñados en resguardo a los principios de celeridad y congruencia.

ARTÍCULO 17.- Mesa de Entradas Virtual.

Facúltase conjuntamente a la GERENCIA TÉCNICA y a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS de esta S.R.T. a dictar las normas reglamentarias correspondientes para la implementación de una Mesa de Entradas Virtual en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y de la Comisión Médica Central a los efectos de la formalización de manera no presencial del trámite previsto en el artículo 3º de la presente resolución y de toda otra presentación que resulte procedente en el marco de la emergencia pública sanitaria dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20, así como a establecer las condiciones para la acreditación de la legitimación de los presentantes.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES ACLARATORIAS

ARTÍCULO 18.- Trabajadores/as de la salud.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, se entenderá como trabajadores/as de la salud, con carácter meramente enunciativo, al personal médico, de enfermería, auxiliares (entendiéndose por tal camilleros, choferes de ambulancia y de transporte de residuos patológicos, mucamas; personal de limpieza y empresas de saneamiento, incluyendo residuos patológicos), de esterilización, administrativos, de vigilancia, secretarias de servicios, mantenimiento, kinesiólogos, bioquímicos (laboratorio y toma de muestras) y todas aquellas actividades desarrolladas en cumplimiento de tareas asistenciales en los tres niveles de atención (guardia, internación y terapia intensiva), debidamente identificados con arreglo a los Clasificadores Industriales Internacionales Uniformes (CIIU) contenidos en el Anexo de Firma Conjunta IF-2020-28303075-APN-GP#SRT que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 19.- Financiación mediante el F.F.E.P.

Entiéndase que, conforme lo dispuesto por los artículos 4º y 5º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, procederá la imputación al F.F.E.P. del financiamiento de las prestaciones otorgadas por la cobertura de la enfermedad COVID-19, en el supuesto de los/las trabajadores/as exceptuados/as del deber de aislamiento sanitario general, sobre aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido hasta SESENTA (60) días después de finalizado el plazo de aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente, y en el supuesto especial de los/las trabajadores/as de la salud, sobre aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la emergencia pública sanitaria.

ARTÍCULO 20.- Denuncias preexistentes.

Las A.R.T. y los E.A. deberán corroborar el cumplimiento de los requisitos formales previstos en el artículo 1º de la presente resolución sobre todas aquellas denuncias de COVID-19 que hubieran recibido a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, y proceder, en su caso, a poner a disposición las prestaciones en forma inmediata conforme lo dispuesto en los artículos 2º y 7º del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20, ajustándose los asientos respectivos de las contingencias denunciadas al REGISTRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado por la Resolución S.R.T. N° 840/05.

 

Resolución 39/2020 S.R.T.

Que el artículo 35 de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 creó la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.).

Que, por su parte, el artículo 36, apartado 1, inciso e) de la Ley Nº 24.557 establece dentro de las funciones inherentes a la S.R.T., las de “(…) Dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, gestionar el Fondo de Garantía, determinar su estructura organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos;”.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38, apartado 3 de la Ley N° 24.557 “(…) Las relaciones del personal con la S.R.T. se regirán por la legislación laboral”.

Que, por otra parte, la Resolución del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T. Y S.S.) Nº 637 de fecha 31 de julio de 1996, dispone en su artículo 1° que “(…) las relaciones del personal que preste servicios en la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, se regirán por la legislación laboral vigente - Ley Nº 20.744, sus normas complementarias y modificatorias - y por el Reglamento Interno que se aprueba formando parte de la presente como ANEXO I, de conformidad con el artículo 38, apartado 3 de la Ley 24.557”.

Que, a su turno, el artículo 15 de la Ley Nº 26.425, dispuso la transferencia del personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que se desempeñe ante las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central creadas por el artículo 51 de la Ley 24.241 y sus modificatorias a esta S.R.T. y de los bienes inmuebles, muebles y equipamiento técnico necesarios para su adecuado funcionamiento.

Que, en ese contexto, el artículo 10 del Decreto N° 2.104 de fecha 04 de diciembre de 2008, facultó a la S.R.T. a dictar las normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la Ley N° 26.425, en materia de regulación de las citadas Comisiones Médicas.

Que, asimismo, el artículo 6° del Decreto N° 2.105 de fecha 04 de diciembre de 2008, asignó a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) todas las competencias de la entonces SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (S.A.F.J.P.) que no hayan sido derogadas por la Ley N° 26.425, con excepción de las relativas al funcionamiento de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central, las que son ejercidas por esta S.R.T..

Que por otro lado, el Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo General (C.C.T.) aprobado por el Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006, estableció que sus disposiciones serán de aplicación para todos los trabajadores bajo relación de dependencia laboral con las jurisdicciones y entidades descentralizadas, determinando que para el personal regido por la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), le serán de aplicación sus normas con las salvedades que se formulen para cada Instituto en particular.

Que el artículo 117 del Anexo I del mencionado Decreto N° 214/06, creó la COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT), la cual contará con una delegación en cada jurisdicción o entidad descentralizada y estará integrada por TRES (3) representantes titulares y TRES (3) suplentes por parte del Estado Empleador y por TRES (3) representantes titulares y TRES (3) suplentes por la parte gremial.

Que, asimismo, dicha noma estableció la obligación de que por lo menos UNO (1) de cada parte propuesta sea especialista en la materia.

Que, a su vez, por medio del artículo 118 del Anexo I del referido Decreto N° 214/06 se indicó que, en las Delegaciones por jurisdicción o ente descentralizado, deberá garantizarse que en sus reuniones participe UN (1) representante de la máxima autoridad y UNO (1) por cada una de las siguientes áreas: Recursos Humanos, Mantenimiento y Servicios Generales, y Administración y Servicio Médico.

Que seguidamente, a través del artículo 120 del Anexo I de dicho cuerpo normativo se estableció que las Delegaciones de la Comisión tendrán las siguientes funciones: a) Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en sus respectivos ámbitos; b) Inspección y relevamiento periódico y regular de los lugares de trabajo a efectos de detectar riesgos físicos y prácticas peligrosas; c) Promover y/o realizar cursos de adiestramiento de primeros auxilios y de prevención de accidentes de índole laboral y verificación de la realización de los obligatorios; d) Seguimiento de los programas de mejoramiento establecidos en virtud de los contratos celebrados con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo; e) Recibir denuncias procurando la solución en la jurisdicción o entidad descentralizada correspondiente para lo que podrá solicitar la presencia de un especialista ante la Comisión y su Comité Asesor y/o de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO; f) Informar a la Comisión, a requerimiento de ésta o al menos anualmente, de sus actividades y resultados, así como del estado de situación en la jurisdicción o entidad descentralizada respectiva.

Que a fin de dar cumplimiento a dicha manda legal, la Gerencia General impulsó la creación de la citada Comisión en el ámbito de la S.R.T..

Que la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (U.P.C.N.) propuso por su parte, DOS (2) miembros titulares y DOS (2) miembros suplentes; en tanto que la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.) propuso UN (1) miembro titular y UN (1) miembro suplente.

Que, en ese marco, resulta conveniente designar a los TRES (3) representantes titulares y a los TRES (3) representantes suplentes de la S.R.T. -como Estado Empleador-, para integrar la aludida Comisión.

Que conforme lo establecido en el artículo 117 del Anexo I del C.C.T. General aprobado por el Decreto N° 214/06, cada una de las partes manifestó que al menos UNO (1) de sus miembros es especialista en la materia.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. ha intervenido en el ámbito de sus competencias.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 36, apartado 1, inciso e) y 38 de la Ley N° 24.557, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 214/06.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Créase la COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT) en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), la que quedará integrada de conformidad con lo establecido en el Anexo IF-2020- 28644471-APN-SRT#MT que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Establécese que una vez transcurridos SESENTA (60) días de la publicación de la presente resolución, se deberá dictar el Reglamento Interno.

ARTÍCULO 3º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

 

Resolución 40/2020 S.R.T.

Que ante la situación epidemiológica imperante, resulta necesario implementar acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional, pero brindando a la ciudadanía, en el marco de las posibilidades, la atención para la gestión de las prestaciones y servicios que se estimen prioritarias en virtud de los recursos con los que cuenta cada Organismo.

Que así las cosas, en este contexto, la atención por canales remotos es la forma más segura de llegar al/la ciudadano/a.

Que en el ámbito del Comité de Crisis, el Señor Gerente General ha entendido imperiosa la ampliación de los canales de comunicación habilitados con la ciudadanía.

Que en este sentido, con carácter provisorio hasta tanto se implemente en forma definitiva la MESA DE ENTRADAS VIRTUAL de la S.R.T., los/las trabajadores/as damnificados/as o sus derechohabientes podrán llevar a cabo presentaciones de los trámites ante la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) y las COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES (C.M.J.) a través del módulo “Trámites a Distancia” (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) aprobado por el Decreto Nº 1.063 de fecha 04 de octubre de 2016.

Que asimismo, corresponde adoptar medidas que permitan la continuidad de las audiencias ante el SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN (S.H.) en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales en forma compatible con la protección de la salud de las personas involucradas.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones que confieren los artículos 36, apartado 1, inciso e) y 38 de la Ley N° 24.557, el artículo 51 de la Ley N° 24.241, el artículo 15 de la Ley N° 26.425, el artículo 10 del Decreto N° 2.104 de fecha 04 de diciembre de 2008 y el artículo 6° del Decreto N° 2.105 de fecha 04 de diciembre de 2008, en concordancia con la emergencia pública sanitaria dispuesta por Ley N° 27.541 y por el artículo 12 del Decreto N° 260/20.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese que, en el marco de la emergencia pública sanitaria dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020, y el aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297 de fecha 19 de marzo 2020, y con carácter provisorio hasta tanto se implemente en forma definitiva la MESA DE ENTRADAS VIRTUAL de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), los trabajadores damnificados o sus derechohabientes podrán llevar a cabo presentaciones de los trámites ante la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) y las COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES (C.M.J.) a través del módulo “Trámites a Distancia” (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) aprobado por el Decreto Nº 1.063 de fecha 04 de octubre de 2016, que a continuación se detallan:

a) Carácter Profesional del coronavirus COVID-19, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367 de fecha 13 de abril de 2020 y Capítulo II de la Resolución S.R.T. Nº 38 de fecha 28 de mazo de 2020.

b) Divergencia en las Prestaciones, Resolución S.R.T. Nº 179 de fecha 21 de enero de 2015.

c) Divergencia en el Alta, Resoluciones S.R.T. Nº 1.838 de fecha 1º de agosto de 2014 y Nº 179/15.

En todos los casos, los trabajadores damnificados o sus derechohabientes deberán dar debido cumplimiento en su presentación a los requisitos de admisibilidad que resulten exigibles para el motivo de trámite de que se trate en conformidad con la citada normativa.

ARTÍCULO 2º.- Establécese para el supuesto de las audiencias de examen médico de los trámites previstos en el artículo 1°, incisos b) y c) de la presente resolución, cuando las circunstancias del caso así debidamente lo justifiquen, deberán ser citadas dentro de la excepción prevista en el artículo 6°, inciso 6, del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20. A tales fines, la citación remitida al domicilio electrónico constituido deberá contener la habilitación expresa para transitar en un día y durante una franja horaria determinada, haciendo mención expresa al artículo 2° de la Resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR (M.I.) N° 48 de fecha 28 de marzo de 2020 y el artículo 2º, inciso b) de la Decisión Administrativa de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (J.G.M.) N° 446 de fecha 1° de abril de 2020, y sus modificatorias, la que deberá ser exhibida ante la autoridad que así lo requiera.

En estos supuestos, no resultará aplicable la opción de competencia prevista en el artículo 6º de la Resolución S.R.T. Nº 326 de fecha 13 de marzo de 2017 y sus modificatorias, siendo competente en forma exclusiva la C.M.J. correspondiente al domicilio del trabajador damnificado en el marco de la emergencia pública sanitaria dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20.

ARTÍCULO 3º.- Los/las trabajadores/as damnificados/as o sus derechohabientes que lleven a cabo presentaciones ante la S.R.T. en los términos del artículo 1º de la presente resolución, deberán constituir un domicilio electrónico en los términos de los artículos 6º, 7º y 8º del Decreto Nº 1.063/16 en donde serán consideradas válidas todas las comunicaciones y notificaciones.

Sin perjuicio de ello, para el supuesto en particular del trámite previsto en el artículo 1°, inciso a) de la presente resolución, también deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3º y 10 de la Resolución S.R.T. Nº 38/20, y constituir un domicilio electrónico especial junto con su letrado patrocinante denunciando para ello el número de C.U.I.T. del profesional.

ARTÍCULO 4º.- Apruébase el PROTOCOLO PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS ANTE EL SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES EN FORMA VIRTUAL, que como Anexo IF-2020-28900568-APN-GACM#SRT forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 5º.- Las restantes presentaciones, consultas y reclamos continuarán siendo recibidas a través de los canales electrónicos habituales disponibles en el sitio web oficial de la S.R.T. (https://www.argentina.gob.ar/srt).

ARTÍCULO 6º.- Facúltase a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS (G.A.C.M.) para ampliar los trámites previstos en el artículo 1º de la presente resolución, en la medida que se encuentren dadas las condiciones requeridas para el cumplimiento de los procedimientos vigentes en el marco de la emergencia pública sanitaria dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20.

ARTÍCULO 7º.- Facúltase a la GERENCIA TÉCNICA (G.T.) esta S.R.T. para ampliar las presentaciones ciudadanas habilitadas a través del módulo TAD del Sistema de Gestión GDE en la medida que se encuentren dadas las condiciones requeridas para el cumplimiento de los procedimientos vigentes en el marco de la emergencia pública sanitaria dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20.